De las infraestructuras ferroviarias a la conservación de carreteras, la sospecha de la existencia de cárteles se extiende por el sector público. Ayer, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió un expediente sancionador contra 13 empresas al haber «detectado prácticas restrictivas de la competencia consistentes en el reparto de las licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento».
Entre las grandes compañías de la construcción expedientadas se encuentran Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, FCC y Sacyr. La apertura de este expediente ha supuesto la inspección de sedes, entre el 17 y 20 de diciembre de 2018, de Elsamex, Ferrovial Servicios y su filial Ferroser Infraestructuras, Aceinsa Movilidad y Audeca.
La incoación del expediente es el paso que abre un año y medio de instrucción y resolución por parte de la CNMC. Aunque es pronto para prever el resultado, el supervisor aprovechó ayer para recordar que «la investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de su actuación». Recientemente, una quincena de empresas fueron sancionadas por formar distintos cárteles para el reparto de concursos públicos de ADIF, en concreto de los sistemas de electrificación de las líneas ferroviarias. En total, se manipularon 275 concursos públicos, por un valor superior de 1.100 millones de euros. Entre las empresas que cometieron esas irregularidades, lideradas por la francesa Alstom y la alemana Siemens, figuraban filiales de ACS, OHL y Sacyr, presentes igualmente en el nuevo expediente incoado.
En la CNMC se estima que la falta de competencia en licitaciones públicas implica sobrecostes de alrededor de 40.000 millones de euros anuales. La contratación pública supera el 15% del PIB de España. La fabricación de pañales, la gestión de residuos, los servicios informáticos de las administraciones y las mudanzas internacionales son algunos de los sectores en los que la CNMC ha descubierto prácticas anticompetitivas que afectan al sector público. Por ello, el organismo que vigila la competencia ha llegado al punto de impartir cursos a funcionarios en materia de contratación. Además, el organismo cuenta con un programa de clemencia para que compañías pertenecientes al cártel se puedan beneficiar de la exención del pago de la correspondiente multa, siempre y cuando aportaran elementos que sirvan como prueba.
La CNMC no puede sino recomendar la prohibición de la contratación de las empresas que sean sancionadas por estas prácticas contrarias al consumidor, pero la decisión depende en último término de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, es decir, del Ministerio de Hacienda.
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